Durante la mañana del pasado martes, el presidente de la República Luis Abinader asistió al palacio de la Policía Nacional y reconoció que se necesita una nueva “reforma policial” y que empezarían a trabajar en ese proceso a partir de febrero. Estas palabras del mandatario suceden apenas cuatro años después de que el gobierno del presidente Danilo Medina promulgará, el 15 de julio de 2016, la Ley 590-16 que “cambiaria completamente” la organización de la Policía Nacional.
Esa ley cambió la figura de “jefe” y en cambio de eso se le denominó director general, a partir de la entrada en vigor del proyecto de reforma de la institución. También se dispuso la reducción de 17 a ocho de los miembros del Consejo Superior Policial (CSP), a cargo del Ministro de Interior y Policía en turno siete con derechos a voz y voto y uno solo a voz, que lo será el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, que hará las veces de secretario.
La aún vigente legislación establece que no habrá reintegro de policías, salvo las excepciones de la Constitución, y se limita a 40 años el tiempo máximo en la institución. La pieza contempló que una mejor seguridad social, regula el uso de la fuerza, prioriza la prevención del delito, pero endurece el enfrentamiento de la delincuencia y las sanciones a las faltas policiales. Además de que eliminó la degradación como sanción disciplinaria a los agentes del orden.
“Esta ley viene a darnos una policía renovada, crea el marco de regulación para una policía operativa”, apuntaba al momento de que la ley sea aprobada en el Congreso Nacional, el entonces vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Elpidio Báez.
Sin embargo, como todas las leyes que traen consigo reacciones negativas, uno de los primeros en expresarse fue el exdirector de esa institución, Bernardo Santana Páez, quien expresó que esa ley privilegia el retiro forzoso por faltas graves cometidas por uno de sus miembros que haya cumplido 20 años, al otorgarle de manera total la pensión y que mientras a esos oficiales se les privilegia con la pensión total, los miembros policiales que opten por un retiro voluntario al cumplir 25 años de servicio ininterrumpido, no recibirán los haberes y pensiones correspondientes, sino cuando alcance los 55 años de edad.
“Esa ley privilegia con una pensión total a los miembros de la institución que hayan cumplido 20 años de servicio y cometieren faltas graves, que acumulen cinco o más sanciones disciplinarias, que hayan sido condenados mediante sentencia o que hayan participado en la comisión de algún delito o acto reñido contra el orden público”, decía Santana Páez.
Mientras, por otro lado varias instituciones argumentaban que la misma era “inconstitucional”, ya que consideraban que muchos de sus artículos les quitan facultad a los de la Constitución y a los poderes constitucionales del Presidente.
MODIFICACIÓN
Agentes y oficiales.
Con esas críticas en el tapete, apenas dos años después de ser promulgada, surgía la intención de volver a modificarla para recoger aspectos que no fueron incluidos en esa ocasión, principalmente entre los que se pretende modificar están el impedimento a que los agentes tengan doble funciones, el procedimiento para el retiro de sus oficiales generales y las partes que tocan al Código Penal.
Solución.
Sin embargo, el tema se mantuvo apagado hasta la llegada del presidente Luis Abinader, quien el primero de septiembre del pasado año se comprometió a llevar a cabo una reforma en la Policía Nacional, a fin de buscar una solución al problema de inseguridad ciudadana en el país. Ese problema de la inseguridad ciudadana estuvo en la agenda de campaña de Abinader.