El desarrollo de la operación anticorrupción denominada Coral ha destapado otra caja de pandora en el país y mantiene la atención de toda la sociedad dominicana por la nómina de involucrados.
Está ubicada en el círculo cercano del expresidente Danilo Medina, pues está implicado el mayor general Adán Cáceres, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, y actual titular de su escolta.
De esta forma, Cáceres se une a dos hermanos del exmandatario, los cuales están imputados en dos operaciones anteriores: Antipulpo y Caracol y esperan el juicio correspondiente.
La actual operación, iniciada el pasado sábado con 27 allanamientos en diversas provincias se complica por día y suma a personas que sorprenden a la ciudadanía.
Tales son los casos del exjefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Félix Alburquerque, y el del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), general de Brigada, Juan Carlos Torres.
Este último, puso su cargo a disposición del presidente Luis Abinader, a través de una carta en la cual escribió que tomó la decisión ‘con el propósito de facilitar que el Ministerio Público avance, sin obstrucción alguna, la investigación en curso’.
En el caso de Torres, el Ministerio Público ve de manera sospechosa que alquile un apartamento por tres mil dólares mensuales para usarlo ‘esporádicamente’, al menos así se plasmó en la solicitud de medida de coerción solicitada para el militar.
La situación de Alburquerque es diferente, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) señaló que formaba parte de la coalición encabezada por Cáceres.
Se le atribuyen, entre otras impugnaciones, vínculos con la entidad Asociación Campesina Madre Tierra de la cual recibió un depósito la DNCD, sin existir registros del pago.
Pero por si fuera poco, el exsubdirector general de la Policía Nacional Neyvi Pérez también figura entre los mencionados por el Ministerio Público en su expediente del caso.
Hasta el momento, además de los referidos están arrestados por el caso la pastora Rossy Guzmán; el cabo Tanner Antonio Flete, hijo de la religiosa; el coronel de la Policía y contable, Rafael Núñez de Aza, miembro de la seguridad de Medina; el teniente coronel de la Policía, Raúl Girón, y el sargento de la Armada Alejandro José Montero.
La Pepca, que se precia de tener un expediente ‘fulminante’ contra los presuntos corruptos, adelantó entre los elementos mas importantes, que el mayor general nombró a cientos de policías y militares en el Cestur y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial y les pagaba sueldos con el acuerdo de recibir hasta el 80 por ciento.
Otra de las modalidades a través de la cual la red obtenía fondos fue mediante las cuotas que debían entregar distintas unidades y organismos de seguridad del Estado.
Todo lo anterior, unido a que se investiga cómo el militar logró incrementar de tal forma su patrimonio, pues posee fincas, casas, apartamentos, autos lujosos y cuentas bancarias y se planteó que entre él y Guzmán crearon un ente para presuntamente adquirir bienes pero sin operaciones, porque ‘su único objetivo era darles apariencia lícita’.
Por otra parte, el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción presentada al tribunal, manifestó que los implicados utilizaron organizaciones religiosas como escudo, en una maniobra propia del crimen organizado, la cual busca disfrazar operaciones de lavado de activos millonarias, a través de ‘objetivos nobles’.
Finalmente, también aparece en el expediente que el grupo desvió fondos los cuales eran para gastos de operaciones de inteligencia, combustible, distribuciones de raciones alimentarias y viáticos presentando gastos ficticios para estafar al Estado dominicano.
La Operación Coral, igual que la Antipulpo y Caracol, son tres procesos anticorrupción en marcha sobre los cuales se volcaron los ojos de la ciudadanía; sin embargo, el hecho de que tenga tantas ramificaciones impone un compás de espera, quizás prolongado, hasta un desenlace final.