El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, dijo que realizó mediante comunicaciones varias advertencias al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) sobre la licitación del contrato que buscaba mejorar del centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo, pero nunca recibió respuesta.
Durante una rueda de prensa, Pimentel hizo una cronología de los hechos que derivaron en la suspensión definitiva del contrato con la empresa Transcore Latam SRL, y el envío del caso al Ministerio Público.
El funcionario público dijo que el inicio de las irregularidades inició con la publicación y posterior adjudicación del contrato, ya que inicialmente el monto dispuesto para la mejora del centro de control de tráfico y la red de semáforos en el Gran Santo Domingo era de unos 1200 millones de pesos, pero finalmente se otorgó en más 1317 millones de pesos.
“Sobre ese particular, la entidad contratante adjudicó por un monto mayor del que tenían previsto inicialmente para esta licitación, con lo cual estaría comprometiendo al Estado por encima de su disponibilidad, lo que podría acarrear responsabilidad penal y patrimonial para los funcionarios actuantes”, dijo Pimentel.
Agregó que posteriormente ha suscrito el contrato, la Dirección General de Contrataciones Públicas notificó al Intrant las denuncias presentadas por las empresas Transcore LP, Sistemas Integrados de Control, S.A. quienes alegaron que la empresa ganadora “había utilizado informaciones creadas de forma falsa o fraudulenta o adulteradas o de otras fuentes públicas disponibles”.
“En dicha comunicación orientamos al INTRANT sobre el debido proceso para iniciar el procedimiento administrativo sancionador contra el proveedor Transcore Latam, S.R.L., en el entendido de que los hechos denunciados podrían dar cuenta de una infracción administrativa dentro del marco del procedimiento de contratación, que involucraría la eventual aplicación de la sanción de inhabilitación permanente contra el proveedor, en caso de determinarse la presentación de informaciones o documentos falsos o adulterados, en el marco de un procedimiento de contratación, lo cual se considera una infracción gravísima en materia de contrataciones públicas” indicó Contrataciones Públicas.
Sin embargo, revelaron que a pesar de buscarse presto a colaborar y coordinar las acciones a tomar con el Intrant “al día de hoy no hemos recibido ninguna contestación del Intrant sobre el particular”.
Ya para el pasado 25 de octubre, la Dirección General de Contrataciones Públicas remitió otro comunicado al Intrant indicando que, en vista de que no habían presentado ningún informe con relación a las denuncias encontradas, estarían llevando a cabo las investigaciones sobre el contrato y proceder con las disposiciones que indica la Ley, pasando primero con la suspensión temporal del contrato y luego la remisión del caso del Ministerio Público.