Un coche bomba estalló ayer jueves en una academia de policía en Bogotá, dejando 10 muertos y 66 heridos en un suceso que evocó los capítulos más sangrientos del conflicto guerrillero de Colombia.
Poco después del ataque perpetrado a media mañana, el más grande contra una instalación policial o militar en la capital en años, reinaba el caos afuera de la Escuela de Policía General Santander.
Videos publicados en las redes sociales muestran a oficiales de policía llevando a colegas lesionados en camillas a lo largo de una calle llena de escombros y cadáveres despedazados. A la distancia se podía ver todavía en llamas el armazón de acero que quedó del vehículo que se utilizó para el ataque, mientras se escuchan las sirenas de las ambulancias que se acercan al lugar.
El presidente Iván Duque se encontraba en un estado del occidente del país y regresó de inmediato a la capital con sus principales asesores militares para supervisar la investigación policial, la cual apunta a un atentado suicida, algo sin precedentes en décadas de violencia política en esta nación andina.
El fiscal general Néstor Martínez dijo que el ataque fue perpetrado por un hombre llamado José Aldemar Rojas, de 56 años, que conducía una camioneta pick-up Nissan modelo 1993 cargada con 80 kilogramos (175 libras) de pentolita. Agregó que el último mantenimiento oficial del vehículo se efectuó hace unos seis meses en el estado oriental de Arauca, en la frontera con Venezuela.
«Es un ataque no sólo contra la juventud, ni contra la fuerza pública, ni contra nuestros policías solamente. Es un ataque contra toda la sociedad», dijo Duque en un breve comunicado tras revisar el lugar de la explosión. «El demencial acto terrorista no quedará impune».
El Ministerio de Defensa indicó que 10 personas murieron y 66 resultaron heridas. Entre los fallecidos hay un ciudadano panameño y uno ecuatoriano.
Rafael Trujillo dijo que iba a entregar un paquete a su hijo Gerson, quien había ingresado a la escuela hacía dos días, cuando quedó paralizado por la explosión, que rompió los cristales de edificios de apartamentos ubicados hasta a cuatro cuadras de distancia.
«Estoy muy triste y preocupado porque no tengo ninguna noticia de mi hijo», dijo Trujillo afuera de la instalación, en donde agentes habían acordonado el perímetro. «Nos recuerda de épocas muy tristes».
Las autoridades no lograban explicar cómo el vehículo se escabulló por una reja protegida permanentemente por perros detectores de explosivos, guardias fuertemente armados y cámaras de seguridad. Pero había reportes extraoficiales basados en grabaciones filtradas de conversaciones telefónicas de agentes en el lugar, de que el conductor embistió el punto de revisión como si fuera a perpetrar un ataque suicida.
Las autoridades de salud de Bogotá hicieron un llamado para que los habitantes donaran sangre en uno de los cuatro puntos de recepción en la capital para ayudar a atender a los lesionados, la mayoría de los cuales fueron llevados a un hospital policial.
Durante décadas, los habitantes de Bogotá vivieron con el temor de ser víctimas de ataques de los rebeldes izquierdistas o del cártel de Medellín de Pablo Escobar. Sin embargo, al tranquilizarse el conflicto en Colombia, la seguridad ha mejorado y los residentes han bajado la guardia.
Aunque las autoridades todavía deben determinar quién es el autor del ataque y ningún grupo se ha adjudicado la responsabilidad, la atención se centró en el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que ha estado intensificando sus ataques contra policías en Colombia durante un impasse con Duque sobre cómo reanudar las conversaciones de paz.
Durante mucho tiempo, el ELN fue considerado una amenaza militar menor en comparación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuyos 7.000 guerrilleros depusieron las armas según el acuerdo de paz de 2016.
Sin embargo, tras el acuerdo de paz, la insurgencia inspirada en la Revolución cubana ha estado ganando fuerza, sobre todo en la frontera oriental con Venezuela, en donde ha perpetrado una serie de ataques con bombas a oleoductos y secuestros. Eso ha endurecido la determinación de Duque de negarse a reanudar las conversaciones de paz que están suspendidas desde agosto, cuando ocupó el mando, a pesar de la oferta de los rebeldes de un cese al fuego.
Otros posibles responsables incluyen al clan Úsuga, un cártel del narcotráfico que ha sufrido una serie de reveses por parte de la policía, y miembros disidentes de las FARC.
Algunos mandatarios extranjeros condenaron el ataque, al igual que excomandantes de las disueltas FARC.
La misión de paz de las Naciones Unidas en Colombia lo llamó un «acto criminal repudiable, que va en contravía de los esfuerzos que viene adelantando el país en su rechazo a la violencia y en el trabajo presente de diferentes sectores en pro de un futuro más próspero y pacífico».
En junio de 2017, una explosión en el lujoso centro comercial Andino dejó tres muertos, incluida una ciudadana francesa, y 11 más resultaron heridas. Posteriormente la policía arrestó por el ataque a supuestos miembros de un grupo guerrillero urbano de la extrema izquierda llamado Movimiento Revolucionario del Pueblo.
Sin embargo, ha pasado más de una década desde que una instalación militar o policial sufre un ataque tan grande. Una explosión en la universidad militar en 2006 dejó casi dos docenas de heridos.
Ariel Ávila, un analista que investiga la violencia, dijo que en los últimos cuatro años se han registrado 28 ataques con explosivos en la capital. Si bien en la mayoría de los casos se trataba de materiales caseros que provocaron daños pero no víctimas, sostuvo que es necesario reforzar la inteligencia policial y los retenes en torno a la ciudad como medida preventiva.
«Tenemos que volver a reforzar la ciudad», dijo a Blu Radio.