SANTO DOMINGO.- Tras un acuerdo con la Fiscalía, se declararon culpables siete de los procesados en el caso por corrupción administrativa denominado por las autoridades como «Operación Medusa» y en el que el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, figura como el principal imputado.
Carlos Augusto Guzmán Oliver, representante de la razón social Herrajes Rachel; César Nicolás Rizik Pimentel, los hermanos Daniel Enrique Vásquez Féliz y Francisco Alberto Vásquez Féliz, Fausto José Cáceres Santerio, la empresa La Parasata Mercantil y Francisco Arturo Santos Gómez admitieron su culpabilidad y decidieron colaborar con el Ministerio Público.
Los pormenores del acuerdo fueron entregados al juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde se conoce la audiencia preliminar, así como a la defensa técnica de los acusados.
LO QUE DICE EL PEPCA
La fiscal Rosa Alba García Vásquez, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó en el tribunal que “en base al acuerdo que hemos aportado, nosotros vamos a solicitarle a usted como juzgador que proceda a acoger el acuerdo pleno en virtud de las disposiciones de los artículos 363 y 364 del Código Procesal Penal, en razón de que los acusados han admitido los hechos presentados en la acusación depositada por el Ministerio Público en fecha 2 de julio de 2022, así como los hechos establecidos en la querella penal con constitución en actor civil y concretización de pretensiones civiles”.
El pasado mes de diciembre el Ministerio Público concluyó la presentación de la acusación solicitando al tribunal auto de apertura a juicio para 41 personas físicas y 22 razones sociales acusadas en este proceso.
Luego de los acuerdos, el Ministerio Público varió sus conclusiones iniciales respecto a los acusados Daniel Enrique Vásquez Féliz y Francisco Alberto Vásquez Féliz, para quienes pidió tres años de reclusión, bajo la modalidad de pena suspendida, bajo reglas.
LAS CONDICIONES
El acuerdo establece que los hermanos Vásquez Féliz deberán residir en un lugar determinado y en caso de mudanza, deberán notificarlo de manera expresa, tanto al Ministerio Público como al juez de Ejecución de la Pena que resulte apoderado para velar por el cumplimiento de las reglas.
También, deberán abstenerse de viajar al extranjero, del porte de arma de fuego, del abuso de bebidas alcohólicas o drogas y tendrán que realizar 50 horas de trabajo comunitario.
Asimismo, deberán presentarse cada 60 días ante el juez o ante la autoridad que se designe para el cumplimiento de la pena”.
Para la razón social Divamor Group SRL el órgano acusador solicitó una multa de RD$722,744.12, el decomiso de sus acciones en el negocio y la cancelación de su registro mercantil.
En cuanto a Santos Gómez, pide tres años de reclusión, bajo la modalidad de pena suspendida, bajo reglas y las mismas condiciones impuestas a los hermanos Vásquez Féliz.
De igual forma, solicitó que Rogama SRL sea multada con RD$722,744.31, el decomiso a favor del Estado dominicano de las acciones de la entidad comercial, cancelación de su registro mercantil y decomiso del bien inmueble identificado como 309510540944, matrícula número 3000248325, con una superficie de 1,500.28 metros cuadrados, ubicada en Santo Domingo.
Contra Guzmán Oliver solicitó la imposición de la pena en el tribunal y contra Rizik Pimentel un acuerdo penal parcial que será conocido en el juicio.
Asimismo, García Vásquez dijo “que en el caso de Herrajes Rachel al juez le corresponde decidir si admite o no el acuerdo penal abreviado y en ese sentido puede establecer una condena”.
Además de Ortiz y García Vásquez, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Emmanuel Ramírez.
ACUSACIONES DEL MP
El Ministerio Público acusa al grupo de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
Al Rodríguez se le atribuye dirigir el entramado de corrupción cuando estuvo al frente de la Procuraduría General de la República (2016 al 2020).
OTROS IMPUTADOS
Además de Rodríguez, figuran como imputados Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público; Alfredo Alexander Solano, ex subdirector administrativo del Ministerio Público, y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo;a la ex subdirectora administrativa, Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; Altagracia Guillén Calzado; Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y el exasesor Miguel José Moya.