El maratón de quejas y denuncias de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP), depositadas en la Junta Central Electoral (JCE) y los medios de comunicación antes y después de las pasadas elecciones municipales, no respeta funcionarios ni instituciones, sin importar que hayan cumplido idóneamente o no sus funciones.
Para los referidos partidos de oposición lo único que importa es desacreditar las elecciones, para tratar de justificar su catastrófica derrota de febrero y explicar la razón de la segura victoria de Luis Abinader en mayo con la más alta puntuación alcanzada por un candidato presidencial en la historia democrática de la República Dominicana.
Por tal motivo, tratando de enrarecer el panorama, demandaron de la Junta Central Electoral la destitución del director de Juntas Electorales, Ramón Urbáez, quien fue designado en ese cargo en el año 2007, hace 17 años, por lo que le correspondió dirigir ese departamento en elecciones que fueron ganadas por los expresidentes, Leonel Fernández y Danilo Medina, líderes de los partidos que quieren, inútilmente, relevarlo del cargo.
Sin embargo, la embestida sorpresa de esta semana fue lanzada por el PLD y FP contra el jefe de la Policía Militar Electoral, Juan José Otaño Jiménez, a quien condenaron a ser removido de su cargo por la comisión del delito de “inacción” durante las pasadas elecciones municipales.
La Policía Militar Electoral fue creada el 5 de mayo de 1966 por el entonces presidente de la República, Héctor García Godoy, como un cuerpo especializado que se denominó ‘Policía Electoral’, debido a que estaba integrado originalmente por miembros de la Policía Nacional.
En el 1986, veinte años después, mediante el Decreto No. 341-86, del 20 de abril, el Poder Ejecutivo derogó el anterior y dispuso la creación de la Policía Militar Electoral, compuesta por efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, bajo la supervisión de un oficial general, cuya misión sería velar por la preservación, observación y mantenimiento del orden en los locales de la Junta Central Electoral y juntas electorales durante el transcurso del proceso electoral, así como en los colegios electorales el día de las elecciones.
Más adelante, el 22 de marzo de 1990, el Presidente de la República, mediante el Decreto No. 111-90, derogó el anterior y puso a la Policía Militar Electoral bajo la dirección y mando del presidente de la JCE y la supervisión de un Oficial General de las Fuerzas Armadas, designado por el Poder Ejecutivo.
De conformidad con el artículo 20 de la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, corresponde al pleno asumir la dirección y mando de la Policía Electoral, desde el momento en que se declara abierto el proceso electoral o en los casos en que por mandato constitucional o legal se realizaren procesos de votación en los cuales haya de intervenir la JCE como responsable de la administración electoral.
Finalmente, el general Otaño Jiménez, quien solo puede ser sustituido por el Presidente de la República, merece el reconocimiento de los partidos y la ciudanía, como premio al desempeño ejemplar de la Policía Militar Electoral, en una jornada en la que no se produjo una sola queja por maltrato a la ciudadanía ni a los dirigentes de los partidos políticos.