San Juan, 2 may (Prensa Latina) Las autoridades federales en Puerto Rico anunciaron hoy el arresto de 62 pandilleros violentos y la incautación de 72 millones de dólares de drogas en cinco complejos de viviendas públicas en Arecibo (norte).
Stephen Muldrow, Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico, dijo en rueda de prensa que un gran jurado federal emitió el 24 de abril de 2024 una acusación formal contra 62 pandilleros del municipio de Arecibo por conspiración para poseer con intención de distribuir, posesión y distribución de sustancias controladas y violaciones de armas de fuego.
Por su parte, el fiscal general federal Merrick B. Garland reveló la incautación de más de 72 millones de dólares en drogas, a la vez que destacó la necesidad de que los residentes en proyectos de vivienda pública «merecen algo mejor que ser aterrorizados por violentas bandas de narcotraficantes».
ADVIERTE DEPARTAMENTO SERÁ IMPLACABLE
En ese aspecto, afirmó, el Departamento de Justicia federal será implacable en sus esfuerzos por desmantelar las bandas que alimentan los delitos violentos y «se benefician del envenenamiento de nuestras comunidades».
«Los arrestos en este caso subrayan la determinación de la fiscalía federal y sus socios encargados de hacer cumplir la ley de defender el estado de derecho y llevar ante la justicia a los criminales violentos que amenazan a nuestras comunidades», añadió el fiscal federal Muldrow.
En tal sentido manifestó que el Departamento de Justicia se mantiene firme en su compromiso de desmantelar las organizaciones criminales, responsabilizar a los pandilleros y buscar justicia para las víctimas.
«Las acusaciones de (este jueves) cuentan una historia aterradora sobre la violencia de pandillas en estas comunidades de vivienda pública», dijo el director de la Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), Steven Dettelbach.
Aclaró que residir en una vivienda pública no puede ni debe significar estar sujeto a una atmósfera de violencia armada y tráfico de drogas a su alrededor y a su familia.
«A través de la incesante colaboración entre la DEA, la ATF y los socios estatales y federales, se han asestado golpes significativos a las violentas organizaciones de narcotráfico que operan dentro del proyecto de vivienda El Cotto», afirmó la agente especial a cargo de la Administración de Control de Drogas (DEA), Denise Foster.
COMPROMISO INQUEBRANTABLE
Consideró que con más de 72 millones de dólares en narcótico de valor callejero incautados y más de 40 arrestos realizados, los esfuerzos conjuntos subrayan el compromiso inquebrantable de desmantelar empresas criminales y salvaguardar a las comunidades.
En la acusación se alega que desde 2014 hasta el presente, los acusados trabajaron para una organización que distribuía drogas ilegales para obtener ganancias financieras, incluida la base de cocaína (conocida como crack), heroína, cocaína, marihuana, oxicodona, alprazolam, clonazepam, todos dentro de mil pies de los proyectos de Vivienda Pública Ramón Marín Solá, Trina Padilla de Sanz, Manuel Zeno Gandía, Bella Vista y La Meseta, las cinco instalaciones denominadas colectivamente El Cotto.